Nuevo Código de Aguas
La falta de consenso y la tensión social postergan una reforma clave
Marcelo Arce
Se trata del nuevo Código de Aguas, que Irrigación aspiraba a discutir en la Legislatura este año. Hay preocupación por los rechazos en Alvear y en la zona Este. Las críticas de los expertos al plan.
Foto: archivo MDZ
Forzado por la falta de consenso y alertado por la conflictividad social, el Departamento General de Irrigación podría terminar estirando en el tiempo la discusión de un nuevo Código de Aguas que, según la idea inicial, debería tratarse en la Legislatura antes de que termine este año. Ahora, según el nuevo esquema que se está barajando, ese debate se produciría recién en 2025 a la espera de mayores acuerdos.
El proyecto, que está en debate desde el mes de julio, tiene por delante un plazo ya previsto: el próximo 15 de octubre vencerá el período que el propio DGI había planteado para que la comunidad y todas las organizaciones interesadas hicieran sus aportes vía on line y la estrategia original establecía la elaboración de un anteproyecto para terminar elevando el diseño de una nueva ley durante los meses de noviembre y diciembre. El anteproyecto se redactará. Pero la ley no verá la luz en el mediano plazo, como estaba previsto.
Con la segura decisión de postergar la discusión para el año que viene ya casi tomada, el superintendente Sergio Marinelli sin embargo estira una definición. “Nosotros seguiremos avanzando, aunque durante más tiempo. Hoy, no digo ni que sí, ni que no a una eventual postergación. Pero sí entiendo que no está el clima para lograr consensos amplios”, admitió, ante la consulta de MDZ .
Sergio Marinelli, superintendente de Irrigación.
Marinelli, en su rol de Superintendente del D epartamento General de Irrigación , aspira a proyectar la forma en que durante el próximo medio siglo al menos la provincia manejará el recurso a través de la discusión de un nuevo Código de Aguas , que actualiza y modifica la legislación vigente. El plan es ambicioso y el propio Alfredo Cornejo lo respalda amparado en su urgencia, además. El gobernador sostuvo hace unos meses (en un encuentro con periodistas para presentar este tema) que Mendoza podría entrar en unos treinta años en una crisis hídrica sin precedentes. Y que por ello se hace necesaria una planificación para evitar lo que sería una catástrofe de proporciones como la que vivió por, por caso, la ciudad sudafricana de Johannesburgo por la falta de agua hace unos pocos años.
El posible cataclismo anticipado por Cornejo, sonó extraño para algunos expertos. Sin embargo, el impulso a los cambios se basó en otro aspecto. La vieja ley de 1884 fue sancionada para apostar al crecimiento y desarrollo de una provincia que, según el censo de 1895, tenía 116.000 habitantes y un área irrigada que apenas rondaba las 30.000 hectáreas. Hoy Mendoza está habitada por alrededor de 2.000.000 de personas de las cuáles el 60% reside en el área metropolitana y consume de manera directa o indirecta casi 700 litros per cápita y por día. La zona productiva, la componen cerca de 325.000 hectáreas de cultivos para irrigar.
Pero la ambición chocó con la realidad. El nuevo Código de Aguas generó un rechazo fuerte entre sectores productivos de General Alvear, que luego se extendió hacia la zona Este y que derivó también en críticas de organizaciones empresariales y comerciales como la FEM y ACOVI, entre otras.
Reunión de la MPyE sobre código de aguas: nos reunimos con el Superintendente Marinelli y su equipo técnico de @IrrigacionMza para analizar en profundidad la naturaleza y el alcance del anteproyecto de #codigodeaguas .
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Pero el planteo en contra más fuerte se originó en el Sur. La Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear cuestionó al menos una docena de los cambios propuestos en el nuevo Código, que fueron desde las concesiones para las aguas subterráneas, las atribuciones especiales que tendría a futuro el Superintendente, la afectación constitucional del derecho a la propiedad y la eliminación del derecho legal de la inherencia del agua a la tierra, solo por enumerar algunas de las críticas surgidas.
Ante este escenario, la preocupación ya no solo lo abarcó a Marinelli por los cuestionamientos técnicos y jurídicos a su plan. Sino que cierta alarma se encendió en el gobierno: Alvear ya dio muestras históricas de que está dispuesto a salir a la calle en defensa del agua y desde allí ya vienen acumulando malestar con Cornejo por la decisión política de eliminar el IDR, por el avance de la minería y por el fin de la lucha antigranizo. El Código de Aguas agregó un ingrediente más al caldo de cultivo de la tensión social, problema que, como es sabido, este gobernador siempre trata de escaparle. Quizás aquí también jugó la falta de timing político, porque se apostó por cambiar las reglas del juego (nada más ni nada menos que para el uso del agua) en el actual contexto de incertidumbre económica. Gran parte de estas medidas, entonces, no pueden ser tomadas por estos pequeños productores del Sur y del Este como una segura condena a la desaparición. Y por eso la entendible reacción.
El debate propuesto para fijar un cambio sustancial en el manejo del agua, que toca incluso a la institucionalidad de Mendoza, incluyó un aspecto novedoso, si se quiere: Marinelli convocó a un grupo de especialistas para que trabajaran en la redacción de manera coordinada con los abogados e ingenieros de Irrigación. Ese llamado abarcó a verdaderos pesos pesados del tema: se conformó una mesa en la que se sentaron Miguel Mathus Escorihuela, quien es la autoridad jurídica máxima en materia de agua en Mendoza y ha participado de la redacción de leyes en varias otras provincias a lo largo de décadas. Y se lo convocó asimismo a Arturo Lafalla, exgobernador, a Alejandro Pérez Hualde, exmiembro de la Suprema Corte y a dos consultores en materia de agua de renombre internacional. Uno de ellos es Miguel Solanes, exasesor Regional en Derecho de Aguas y Regulación de Servicios Públicos de la Cepal, y a Javier Zuleta, quien trabajó para el Banco Mundial y además es uno de los cuadros técnicos salido del propio DGI en donde trabajó durante más de veinte años antes de seguir su carrera en el exterior en donde ya lleva otro tanto.
El tránsito de estos especialistas por la discusión no fue fácil. Objetaron varios de los puntos centrales del proyecto oficial e hicieron públicas esas observaciones y además manifestaron cierto destrato por parte de Irrigación a pesar de la convocatoria. Marinelli se ocupó de recomponer el vínculo con este grupo durante varios meses para lograr la mayoría de los acuerdos posibles aunque, a decir verdad, los expertos siempre entendieron que existía la necesidad de la redacción de una nueva norma para el agua.
Sin embargo nunca terminaron por congeniar del todo acerca de lo que se debía hacer para avanzar. Mathus continúa siendo muy crítico e, independientemente de varios planteos, tanto él como el resto de los expertos coincide en una crítica central: entienden que Irrigación no puede plantear un nuevo Código, sin antes tener terminado un plan hídrico para determinar qué sucederá con el manejo del agua en el futuro cercano, qué obras se harán y, sobre todo, con qué presupuesto contarán esos proyectos para que realmente se concreten. Cornejo, en la mencionada reunión con periodistas, soltó una definición categórica al respecto. Dijo que para él lo razonable es contar primero con el plan, para después avanzar con el Código. Pero agregó inmediatamente que dejaba esa decisión en manos de Marinelli.
Lafalla y Mathus participaron hace poco más de una semana en un debate organizado por el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, en donde se concluyó que "un Código no resuelve el problema de fondo que es la escasez de agua" y en el que se reclamó también por la presentación del plan hídrico previo a cualquier discusión. En ese ámbito, se reclamó finalmente que la nueva legislación "sea consensuada socialmente, lo que hasta el momento no se parece haber logrado".
Mathus y Lafalla, hace unos días en el Este.
Mendoza está en pleno proceso de elaboración de su plan hídrico con la colaboración de la empresa estatal israelí Mekorot, país que es hoy de avanzada a nivel mundial y maneja el recurso del agua de una forma que, visto a la distancia, está a años luz de lo que debería ser acá.
Marinelli podría tener terminado su plan durante los primeros meses de 2025 ya que prácticamente está diseñado y solo le falta algún cruce de datos con proyectos similares elaborados por gestiones anteriores. Pero el problema con lo que armó Mekorot sería otro. Los israelíes plantean un esquema de inversiones para entubamiento e impermeabilización de canales que hoy, por su magnitud, no están al alcance del bolsillo de la provincia. Una expectativa cierta tiene Irrigación al respecto, sin embargo. Cornejo le tiene prometido a Marinelli que parte de la inversión de los mil millones de dólares provenientes de los fondos de Portezuelo serán para obras de riego, aunque nadie sabe con exactitud qué proyectos se financiarán con esos recursos extraordinarios. En realidad, sobre el destino total de esos dólares de Portezuelo que deberá definir Cornejo, nadie sabe nada todavía.
Imagen: mdzol.com
| #90192900 Modificada: 07/10/2024 07:09 |
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